Aunque el proyecto inició en 2008, en la actualidad ya se cuestiona el destino del edificio
El capricho de la construcción fue una herencia con la cual los actuales legisladores no saben qué hacer con ella. Foto: Gerardo García
GUANAJUATO, Guanajuato.- Como un ejemplo indudable de un caro capricho, falta de planeación y voracidad protagónica, se yergue en el acceso de la ciudad, aún en “obra negra”, el edificio que tal vez algún día sea el nuevo Palacio Legislativo, mismo que comenzó su construcción en 2008, con la expectativa de gasto total de 300 millones de pesos que ya se ha rebasado con mucho y aún le falta un 40 por ciento para su conclusión.
Hoy se han gastado (no invertido, como suelen decir, porque no es una inversión) 324 millones 593 mil 138 pesos con 94 centavos, de acuerdo a la cifra oficial entregada en la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo; de los cuales 9 millones 964 mil 083 pesos fueron para la adquisición del terreno en breña en el cerro de Fiprodima.
La justificación incómoda
El gasto anunciado en 2008 escandalizó a los actores políticos en su momento, sobre todo porque la justificación de construcción no cuadraba en la lógica de necesidad social y de gastos prioritarios: las y los 36 diputados se incomodaban por la ubicación del histórico Palacio Legislativo, en plena Plaza de la Paz, tenían que pagar estacionamiento (con dinero público), tenían que caminar desde el estacionamiento y “no cabían” con su grueso equipo de asesores.

Actualmente sólo se cuenta con el “casco” del boceto original
Pero el argumento oficial fue que, con un edificio mejor ubicado, se podría “atender” mejor a la ciudadanía que acude al recinto y se evitarían los congestionamientos viales que se generan con las manifestaciones masivas que en ocasiones se congregan fuera del Congreso. En la crisis económica que se vivía en 2008 y más aún en 2009, la “inversión” parecía disparatada y, no obstante, siguió adelante.
El “Plan maestro”
La ocurrencia de construcción del edificio surgió desde el grupo parlamentario del PAN en la LX Legislatura, en particular de los entonces diputados Gerardo de los Cobos y Antonio Obregón, aunque luego fue respaldado por los grupos del PRI, PVEM y PRD. Así, en noviembre del 2007, adquirieron 18.7 hectáreas en terrenos del Fideicomiso Promotor del Desarrollo Integral de Marfil (Fiprodima), al que se pagaron 9 millones 964 mil 083 pesos.
Quienes aprobaron el proyecto de obra y presupuestaron los primeros 100 millones de pesos para ejercerse en el año 2008 fueron los entonces diputados de la Junta de Gobierno: Dulce María Badillo, del PT; Gerardo de los Cobos, del PAN; Daniel Olaf Gómez, del PVEM; Fernando Arredondo del PRD y Arnulfo Vázquez, del PRI.

Las 18.7 hectáreas que sobresalen a distancia por la “acrópolis”, se encuentran prácticamente inútiles ya que no se ha destinado funciones al edificio.
El proyecto tuvo la total aprobación del entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, quien deseaba que la obra estuviera lista en 2009, para poder presentar en el nuevo recinto, su tercer Informe de Gobierno.
También desde noviembre de 2007, el Congreso contrató al “Grupo de Diseño Urbano, S.C.”, representado por el arquitecto Mario Eduardo Schjetnan Garduño, por un periodo de 14 semanas para realizar el “plan maestro de diseño urbano”. Al urbanista se le pagó un millón 997 mil 550 pesos.
En enero de 2008, 11 empresas respondieron a la convocatoria del Congreso para la elaboración del proyecto ejecutivo del edificio y se contrató la asesoría de Gerardo Alderete “para cuidar los detalles del proyecto”. En agosto de 2008 los diputados quisieron realizar una sesión solemne en el terreno para colocar la primera piedra del edificio, pero reconsideraron el evento porque costaría 1.4 millones en una simple ceremonia.
La cancelación unilateral del evento trajo como consecuencia un juicio civil por parte de la empresa City Milenio, S. A. de C. V. que, hasta la fecha, no se ha resuelto y se tienen perdidos en ese juicio, poco más de 419 mil pesos.
Cambio de uso
Del proyecto original, se tiene el “casco” del inmueble sobre una plataforma ubicada en la parte más alta del terreno; ya se puede observar la “acrópolis” o prisma triangular de cristal, donde se proyecta sea el salón de sesiones; está la plaza cívica frente a la sección legislativa, aunque todavía no se han plantado los árboles que se supone habrá y tendrá la plaza dos franjas de espejo de agua, que ya se pueden observar, aunque sin agua; mientras que el cuerpo del edificio está totalmente en obra negra y sólo la parte central tiene pisos, cristales y algunos acabados.
A finales de enero de este año, se reunieron los diputados de la Comisión de Administración de la presente Legislatura, que preside el diputado Juventino López, quien informó a sus compañeros que para este año, apenas tienen alrededor de 5 millones de pesos para el edificio y eso, de economías que se lograron del 2012 y se aplicarán al mantenimiento del inmueble, sobre todo acciones de impermeabilización.
Todavía los actuales legisladores no saben qué hacer con la herencia que les dejaron sus antecesores, sino evitar que se deteriore y a pesar de que el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Javier Contreras, ha aventurado algunas opciones de uso del inmueble, como para dependencias del Poder Ejecutivo o de Órgano de Fiscalización e incluso administrativo del Congreso, hasta ahora no lo han tomado en serio.
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