GUANAJUATO, Guanajuato.- A cuatro años del asesinato del ganadero sanfelipense Vicente Palomo a manos de elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), la práctica de los actos de tortura prevalecen en Guanajuato; apenas el jueves la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado recomendó al alcalde Irapuato iniciar un procedimiento disciplinario contra dos policías preventivos que obligaron a un hombre a meterse a un ataúd en junio pasado y luego lo golpearon.

Mañana, 20 de enero, se cumplen cuatro años desde que Vicente Palomo murió asfixiado con una bolsa de plástico mientras era interrogado por elementos ministeriales respecto a un supuesto caso de robo de ganado.

Los elementos ministeriales Jorge Antonio Zavala y Daniel Méndez Bazaldúa recurrieron al delegado de la Policía Ministerial del Estado de zona, José Antonio Peña ponerse de acuerdo en decir que Vicente Palomo había muerto de un paro cardíaco.

Zavala Rodríguez, junto con Francisco Javier Sandoval Ramírez y la agente del Ministerio Público Laura Beatriz Calvillo Correa fueron quienes detuvieron a Vicente Palomo, en su casa, en la comunidad de San Pedro de Almoloyán, a donde ya no regresó con vida.

A cuatro años del asesinato de Vicente Palomo, cuya viuda se muestra en la imagen, los actos violatorios de derechos humanos continúan en la entidad. Foto: Correo

Por estos hechos, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) emitió nueve recomendaciones al entonces procurador de Justicia, Daniel Federico Chowell Arenas.

Estas recomendaciones tenían que ver con la reparación del daño, tratamiento psicológico a la familia, becas para los hijos de la víctima, pensión para su esposa, cárcel para los elementos involucrados y acciones para la prevención, detección y erradicación de la violencia.

Justicia incompleta

Sin embargo, a cuatro años del hecho, el cumplimiento de las nueve recomendaciones ha sido incompleto, pues según su viuda, Ma. Socorro Guerrero Piña, le quedaron a deber la beca para su hija que estaba estudiando Derecho, la pensión para ella y la cárcel para todos  los involucrados.

El 12 de marzo del 2009, Carlos Zamarripa Aguirre, tomó protesta como titular de la PGJE, en sustitución de Daniel Federico Chowell Arenas.

Uno de sus compromisos al tomar el cargo fue capturar a los responsables de la tortura y muerte de Vicente Palomo Rodríguez, sin embargo, el caso aún sigue abierto ya que no se ha logrado la aprehensión de todos los responsables.

Un caso más

Por si fuera poco, el 14 de enero de 2013, días antes del aniversario de la muerte de Palomo Rodríguez, la PGJE vuelve a verse involucrada en un caso más de tortura, en este caso, en Irapuato, donde en junio pasado, elementos de la Policía Municipal obligaron a un hombre a introducirse a un ataúd, mientras policías ministeriales lo golpearon.

Estos hechos ocurrieron el 25 de junio de 2012, cuando Juan Guillermo Calderas Villa, fue detenido por el elemento de Policía Municipal de Irapuato, César David Santos, quien lo hostigó tras haberlo denunciado ante el Consejo de Honor y Justicia por el robo de dinero, un IPhone y un Black Berry.

El 25 de junio, al viajar a bordo de su vehículo, el elemento lo bajó a la fuerza, lo esposó y trasladó junto con su amigo a un edificio en la Ciudad Industrial, donde había unos ataúdes, para que escogieran uno.

El hombre fue golpeado durante tres horas, después fue lesionado por agentes de Policía Ministerial, quienes lo llevaron a una oficina antes de tomarle su declaración.

Sobre el caso, ayer, Sixto Zetina Soto, alcalde de Irapuato, acató la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) en contra de César David Santos Rivera y Roberto Valtierra Vargas, involucrados en el ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, retención ilegal y tortura.

Aseguró que aunque Irapuato sigue encabezado la lista de mayor número de quejas por violación de los Derechos Humanos, en los tres meses de su administración la tendencia va a la baja 50%.

En tanto, el director general de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, aseguró que los elementos involucrados fueron dados de baja desde septiembre pasado por resolución del Consejo de Honor y Justicia.

Respecto al hecho de que Irapuato se mantiene, por tercer año consecutivo, a la cabeza de los municipios con mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos, Ramírez Saldaña dijo que se reforzarán la medidas preventivas parta evitar que se siga dando una violación de las garantías de los remitidos. 

Comentó que a partir de abril se llevarán a cabo, durante tres meses cada viernes, pláticas impartidas por un catedrático enviado por la PDHEG, para sensibilizar a los elementos y prevenir que se sigan presentando casos de lesiones, detenciones arbitrarias o tortura.

La reducción del 50 por ciento en el número de quejas durante los tres meses de la actual administración, aseguró, son muestra de que se está trabajando.

Finalmente, el funcionario también pidió a la ciudadanía fortalecer la denuncia y confiar plenamente en que sus quejas serán bien canalizadas y resueltas por el Consejo de Honor y Justicia.

ÉNFASIS

• El 25 de junio de 2012, Juan Guillermo Calderas Villa, fue detenido por el elemento de Policía Municipal de Irapuato, César David Santos, lo bajó a la fuerza de su auto, lo esposó y lo trasladó a un edificio en la Ciudad Industrial, donde fue obligado a meterse a un ataúd y fue golpeado por elementos municipales y ministeriales.
• El 20 de enero de 2009, Vicente Palomo Rodríguez murió asfixiado con una bolsa de plástico cuanto era sometido a un interrogatorio por elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) por un caso de robo de ganado, en ese entonces, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió nueve recomendaciones a la Procuraduría de Justicia.