Política

Denuncian al gobierno de QR por el proyecto Dragon Mart

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental interpuso el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia estatal

Por Notimex | Enero 28, 2013

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Foto: Especial

CANCÚN, Quintana Roo.- Por violar los derechos de información y participación ciudadana, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia estatal una demanda de nulidad contra el gobierno de Quintana Roo, en la que también exige que se suspenda la autorización de impacto ambiental otorgada al proyecto Dragon Mart.

Entre los argumentos expuestos en la demanda contra la autorización de impacto ambiental otorgada por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) de Quintana Roo, se plantea que además se incumple con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el municipio de Benito Juárez.

En un comunicado, explica que de acuerdo con la legislación estatal se deben publicar mensualmente en el Diario Oficial el listado de las solicitudes autorizadas, los informes preventivos y las manifestaciones de impacto ambiental que se reciban para trámite. Sin embargo, la solicitud de autorización del proyecto Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras asociadas, no fue publicada en tiempo y forma.

A pesar de que se solicitó oficialmente al Inira el listado de los proyectos ingresados para evaluación en junio y julio, la lista fue entregada hasta el 3 de agosto con corte al 30 de julio, omitiendo que el proyecto ingresó el 31 de julio.

En la demanda se añade que la ejecución de este proyecto ocasionaría otros impactos ambientales que afectarán al municipio de Benito Juárez, como son la construcción de más viviendas, la extracción y descarga de agua, el aumento de la capacidad de carga del sitio, el aumento del tránsito vehicular, los derivados de la creciente oferta de servicios urbanos, así como el aumento de desechos.

Con relación a las viviendas que se planea construir con este proyecto, el Inira lo autorizó sin comprobar si efectivamente se cumpliría con los 300 metros cuadrados de superficie por cada vivienda que establece la regulación local.