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Justicia y Seguridad
Facilidades de defensa, carestía legal para indígenas
Hay 8 mil presos que carecen de un intérprete
Hay 8 mil indígenas presos que carecen de un intérprete Foto: Especial
MÉXICO, D.F.- En México existen ocho mil presos indígenas en penales federales y de fuero común, que carecen de un intérprete y un defensor que además de hablar su lengua, tenga conocimientos amplios y profundos de su cultura, de sus usos y costumbres Cecilia García, directora general de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C., exigió a la Suprema Corte de Justicia revisar esos casos como urgentes.
La activista calificó de inadmisible que se conceda, por proceso penal mal elaborado, amparo llano a una extranjera vinculada con el delito de secuestro y se les niegue la defensoría a miles de indígenas en el país.
Por lo anterior, la directiva Anauatlali hizo un llamado a considerar el fallo de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, por unanimidad de votos, el pasado 31 de enero, la Primera Sala de este órgano judicial determinó que las personas que se consideran indígenas tienen el derecho de autodefinirse como tales durante los procesos penales que enfrenten.
Dijo que como lo estableció la Primera Sala, la función del intérprete dentro de un proceso penal no sólo es interpretar, sino también poner en contexto jurídico a la persona indígena, para que esté bien informada del delito que se le imputa.
Lo anterior, señaló, porque los indígenas también tienen derecho a vivir de acuerdo a sus usos y costumbres sin violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ya reporta su traducción a 30 lenguas de 64 originarias que existen en el país, muchas de ellas en peligro de desaparecer.
En este sentido, Cecilia García, se congratuló por la determinación de los ministros de la Primera Sala de la SCJN quienes se pronunciaron sobre el derecho de los indígenas a tener acceso a la justicia al revisar los amparos solicitados por cinco indígenas a quienes ampararon porque se violaron sus derechos en el proceso judicial que enfrentaron por lo que sus sentencias serán revisadas por Tribunales Federales.
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