Llaman legisladores a pensar en víctimas. Foto: Especial.

MÉXICO, DF.- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dio libertad a la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro, legisladores se pronunciaron por pensar ahora en las víctimas e investigar a las autoridades que no hicieron correctamente la indagatoria.

En entrevista el senador Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que fue una decisión polémica, sin embargo se establece un elemento muy importante que es la credibilidad a los órganos de justicia del país.

"Los órganos de justicia de nuestro país, al tomar decisiones de esta naturaleza, no lo están haciendo para beneficiar o dejar sin beneficio a una de las partes, lo están haciendo fundamentalmente para rectificar una serie de errores e irregularidades que se vinieron dando desde que se construyó este proceso", opinó.

Consideró que hubo una serie de irregularidades que lesionan los principios fundamentales del derecho penal.

La decisión que tomó la SCJN es una determinación que genera más certeza en las decisiones que se estén tomando en los órganos de justicia del país, opinó.

Por su parte el senador Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó a las autoridades federales hacer las investigaciones correspondientes y que se pronuncien sobre "si hubo una actitud dolosa o negligente en la detención de esta persona".

Externó que el dilema del caso ha sido resuelto en términos de que la actuación de las autoridades en el curso de las investigaciones ha generado un entorno que hace insostenible el proceso penal y en consecuencia debía de ser anulado en todos sus términos.

Ahora "debemos pensar en las víctimas, ya que ha quedado impune un delito y víctimas insatisfechas por la actuación de la justicia y evidentemente eso tiene que ver con una indebida actuación de ciertas autoridades que no cuidaron correctamente su investigación", destacó.

Asimismo rechazó que la administración federal anterior haya utilizado la justicia para "dar golpes mediáticos".

Por su parte el senador Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mencionó que en la relación de equilibrio entre poderes se debe respetar la decisión asumida por la mayoría de los magistrados de la Primera Sala de la SCJN.

Queda claro, refirió, que la falta de unanimidad por parte de los ministros refleja la divergencia que el caso generó entre la población.

Esta decisión, abundó, se da en el marco de la garantía del debido proceso, derecho fundamental con el que México está comprometido y el cual, de acuerdo con la mayoría de la SCJN, quedó vulnerado por la actuación de las autoridades de investigación de los delitos.

A su vez, la diputada perredista Elena Tapia Fonllem dijo que su partido apuesta por un auténtico Estado social y democrático de derecho, con instituciones judiciales que procuren y administren justicia, protejan equilibradamente los derechos del inculpado, los de la víctima y los de la sociedad.

El fallo, opinó, es paradigmático e histórico de lo que debe modificarse y no repetirse en el sistema de justicia penal, en consonancia con las mejores prácticas internacionales en la materia, en busca de un equilibrio entre la protección de los derechos del inculpado y garantizando los de la víctima en igualdad procesal.

Sentencias condenatorias injustas y con violaciones a los derechos humanos, advirtió, generan desconfianza y descrédito por parte de las instituciones policiales, ministeriales e incluso judiciales.

Por ello, destacó, la sentencia de la Primera Sala de la SCJN en favor de Florence Cassez "es histórica y constructiva, porque entraña muchas enseñanzas de prácticas que no se deben repetir".

A su vez el senador Mario Delgado, del PRD, detalló que debe haber responsables y aplicar sanciones "a quienes hayan manipulado la justicia, es un hecho grave, y me parece que fijaría un precedente importante".

Señaló que el fallo de la SCJN "es un llamado muy fuerte el que hacen los ministros en materia de procuración de justicia y la persecución del delito y también un llamado de atención a las autoridades de que se deben respetar los derechos humanos".

Aclaró que el máximo tribunal del país no actuó bajo presión y tiene la fortaleza institucional para asumir este tipo de responsabilidades, aunque destacó que "no hay que olvidarse de los secuestrados".

El legislador del sol azteca dijo que no se debe cerrar este caso, pues hay otros sentenciados y otras víctimas que pueden actuar contra ex funcionarios federales.