Según los campesinos la obra lleva a más del 90 por ciento de avance y los daños son irreversibles. Foto: Daniel Peña

Ya con el Libramiento Arco Norte Bicentenario a más del 90 por ciento de avance y sin posibilidad de que se reviertan los daños causados a sus parcelas e infraestructura de riego, los ejidatarios de Plancarte-Segregación San Miguel Octopan insisten en sus demandas para que se invaliden los contratos de ocupación previa que se hicieron con gobierno estatal al ser contrarios a la Ley Agraria ya que no se respetaron derechos de sucesores de titulares de las parcelas.

Rechazan actuación del tribunal

Pero al mismo tiempo pretenden que se emprenda acción legal contra la magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA), María Isabel Ochoa, por haber dado largas, “con argucias legaloides”, según ellos, a los juicios promovidos por los campesinos, facilitando la terminación de la obra vial al norte de la ciudad y por lo tanto favoreciendo al gobierno.

Daniel Villanueva, presidente del Comisariado Ejidal, recordó que la magistrado fue la que impuso como condición para dar trámite a las demandas fianzas millonarias a cada uno de los ejidatarios, lo que era inalcanzable, por lo que no avanzó y se debieron promover 10 amparos contra esta determinación y los juzgados de circuito les dieron la razón concediéndoselos y ordenando a la magistrado que diera trámite a la demanda inicial.

No obstante, ella insistió en fijar fianzas y garantías, ahora de medio millón de pesos a cada involucrado, por lo que se interpuso otro juicio de amparo, pero el juez de distrito resolvió que no se había cumplido la sentencia ordenada previamente a favor de los ejidatarios y ordenó darle cumplimiento estricto sin que se fije fianza.

Lo anterior, en el entendido de que el estado, cuando se interpusieron las demandas, apenas iniciaban los trabajos y colocación de materiales.